Dos obras públicas causaron indignación en la comunidad de Bogotá, producto de la construcción de obras civiles sobre humedales urbanos y que causaron daños severos a su biodiversidad.
El proyecto en controversia, actualmente en etapa de ejecución con alrededor de un 40% de avance, consideraba la construcción de un puente elevado en concreto sobre el Humedal Juan Amarillo y un circuito de senderos duros para el paso de peatones y bicicletas de una extensión de 5,5 kilómetros en la zona de manejo del Humedal Jaboque, que convertirían parte de este humedal en una zona deportiva, eliminando su función ecológica.
Esto motivó a que en el año 2018, las ambientalistas Gladys Cifuentes y Patricia Bohórquez iniciaran una acción para dar nulidad legal al Decreto 565 de 2017 que modificó la Política de Humedales del Distrito, al permitir la construcción de infraestructura en los humedales, tales como ciclorutas, senderos, alamedas, plazoletas, adoquinados y luminarias.
En diciembre de ese año, un juez otorgó medidas cautelares y suspendió provisionalmente el decreto. No obstante, el Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá acaba de pronunciarse a fondo sobre el tema y decretó la nulidad del Decreto 565, asegurando que hubo una arbitrariedad en el cambio normativo de la Política Distrital de Humedales, debido a la falta de participación de la ciudadanía en ese proceso.
La concejala de Bogotá, María Fernanda Rojas, señaló en un comunicado de prensa que “El Distrito, en el trámite de expedición del decreto y en relación con la definición de recreación pasiva y usos en los humedales, infringió su obligación de someter a consideración del Consejo Consultivo Ambiental y su Mesa de Humedales el contenido del decreto demandado, para que dicho órgano formulara las recomendaciones respectivas”.
Victoria Ciudadana
Como una victoria de la ciudadanía fue calificada esta medida judicial a favor de la protección de los Humedales de Bogotá, lo que generado diversas reacciones en pro de crear un nuevo plan de ciudad de mediano y largo plazo, que sea sociabilizado entre las organizaciones, ciudadanía y el Distrito, para que acciones como éstas no vuelvan a ocurrir.
